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Muchos de los alimentos que se adquieren en el supermercado están contaminados con abusos de derechos humanos y daños planetarios. Sin embargo, estos ingredientes “incluidos” pasan a ser invisibles. Con cada bocado, se incluye -sin saberlo- la explotación de personas que trabajan en el sector agrícola o sector alimentario, el envenenamiento del suelo y las aguas subterráneas con pesticidas altamente tóxicos, o el acaparamiento de tierras de la población local. Todo ello para que las grandes empresas y las cadenas de supermercados puedan producir alimentos aún más rápido, obtengan beneficios desproporcionados y abaraten costes (“a coste/costa de otrxs”), sin fronteras. Especialmente, entre los colectivos más vulnerabilizados se encuentran muchos grupos de personas desplazadas o migrantes internacionales afectadas por las prácticas empresariales perjudiciales y abusivas a lo largo de las cadenas de producción y suministro de alimentos.
Descubre qué ingredientes invisibles se esconden en los alimentos. ¡Aprende más sobre los problemas que causan y por qué una normativa fuerte que aborde la cadena de producción y suministro de alimentos de la UE es parte de la solución, y cómo podemos contribuir!
El recorrido de los alimentos desde la producción hasta el supermercado, pasando por la transformación o su procesado, es largo. En el sector agroalimentario, las multinacionales utilizan cadenas de suministro complejas, con múltiples subcontratistas que pueden ser difíciles de rastrear, para diluir sus responsabilidades. Las consecuencias negativas de estas actividades pueden ser muy graves al principio de las cadenas de suministro, donde pequeñxs productorxs y lxs trabajadorxs -especialmente los grupos más vulnerabilizados- son explotados con frecuencia o de forma regular y no se les ofrecen condiciones laborales de acuerdo con la ley.
Descubre la historia que hay detrás de los alimentos y qué problemas contienen los siguientes productos.
La Unión Europea es el mayor productor de leche del mundo y mantiene unos 23 millones de vacas lecheras. Para alcanzar esta producción masiva, es necesario un estilo de producción industrial que causa una amplia gama de problemas para los propios animales y el medio ambiente (el planeta)
La cría intensiva de ganado lechero está asociada a una elevada carga ganadera y al uso de fertilizantes y pesticidas químicos tóxicos. Provoca la contaminación del suelo y del agua y afecta considerablemente a otros hábitats. La industria láctea también tiene un impacto negativo en la biodiversidad. Además es necesario añadir, el precario bienestar o incluso los graves daños que viven muchas de las propias vacas lecheras, traspasándose estos hechos a la propia leche que se consume. Además, los pastizales gestionados de forma intensiva influyen negativamente en los patrones de migración e invernada de las aves silvestres.
Aunque el número de granjas en la Unión Europea ha disminuido rápidamente en las últimas décadas, la producción de carne en muchos países aumenta constantemente. La necesaria producción de carne a gran escala se consigue mediante enormes granjas industriales que colocan a un gran número de animales en espacios hacinados. Esta producción industrial de carne conlleva problemas sociales, medioambientales y económicos.
Una de sus consecuencias es la concentración de las cadenas de suministro, lo que lleva a que haya cada vez más granjas con menos agricultores y menos razas de animales. Al mismo tiempo, los precios se ven forzados a bajar y muchos pequeños ganaderxs han abandonado la producción. Además, la producción industrial de carne en espacios gigantescos y hacinados aumenta la resistencia a los antibióticos, provoca la contaminación del aire y del agua y amplía la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el acaparamiento de tierras en aras de la producción extensiva de soja para la alimentación animal.
Por último, la producción industrial de carne contribuye de forma significativa al deterioro medioambiental con una elevada proporción de emisiones de gases de efecto invernadero.
El zumo de naranja es el más consumido del mundo. En total se producen 50 millones de toneladas de naranjas al año, de las cuales el 86% se transforman en zumo. El mayor comprador es la Unión Europea. Sin embargo, existen numerosos problemas relacionados con la producción de esta bebida favorita para el desayuno.
La producción de la fruta se lleva a cabo en enormes plantaciones de monocultivo en las que se utilizan pesticidas tóxicos de forma intensiva, dejando una gran huella ecológica. Además, los problemas socio-sanitarios son muy comunes entre lxs trabajadorxs debido a condiciones precarias laborales y de alojamiento. Lxs agricultorxs de todo el mundo están a merced de tres grandes empresas compradoras que han sido acusadas repetidamente de formación de incumplimientos de la normativa, corrupción y comportamiento antisindical.
El zumo concentrado es envasado por empresas embotelladoras, transportado por barcos y vendido por cadenas de supermercados en Europa a precios excepcionalmente bajos. Esta cadena de producción, así como las largas rutas de transporte, contribuyen el deterioro medioambiental y al uso inapropiado de los recursos.
La Unión Europea es, con diferencia, el mayor importador de bananas del mundo. Esta fruta se produce principalmente en Asia, América Latina y África. Sin embargo, las condiciones de su producción son sistemáticamente problemáticas, sobre todo para lxs agricultorxs localxs.
Por ejemplo, lxs trabajadorxs de las plantaciones bananeras de Ecuador denuncian salarios “indecentemente bajos” y horas extras sistemáticas no retribuidas. Además, el trabajo en las plantaciones es precario porque lxs empleadorxs no ofrecen un empleo permanente y los trabajadores a menudo sólo consiguen contratos de corta duración con bajas prestaciones. Tienen muy poca protección cuando utilizan pesticidas peligrosos. En muchos casos, los sindicalistas han sido acosadxs. Las etiquetas conocidas, como la Rainforest Alliance, no siempre garantizan el respeto de los derechos humanos.
Además, el uso extensivo de pesticidas contribuye a la contaminación del agua y el aire, así como a la pérdida de biodiversidad.
La investigación realizada por Our Food Our Future en la zona de AgroPontino (Lacio, Italia) arroja luz sobre las condiciones inhumanas a las que se enfrentan a diario lxs trabajadorxs en el sector agrícola.
La investigación indaga en la vulneración de los derechos de lxs trabajadorxs -sin sueldo o con pésimas retribuciones, sin contrato, con largas jornadas de trabajo, sin protección en la manipulación de plaguicidas, con dopaje-, especialmente en el caso de las trabajadoras migrantes se han detectados graves casos de violencia de género.
Entre los productos vinculados a la investigación figuran berenjenas, tomates, calabacines, alcachofas, zanahorias y champiñones, entre otros. Estas hortalizas entran en el mercado de la UE y acaban en cientos de supermercados donde vamos a adquirirlos todos los días. A pesar de que el citado estudio se centra en Italia, este tipo de violaciones de los derechos humanos son frecuentes en las cadenas de suministro de verduras y hortalizas de todo el mundo.
El café es la bebida favorita de millones de personas en todo el mundo. Pero la producción a gran escala de granos de café conlleva, en muchas ocasiones, drásticas consecuencias sociales y ecológicas. La explotación laboral infantil es un problema generalizado en el cultivo del café; a menudo, familias enteras trabajan en los campos. Los salarios de lxs recolectorxs de café suelen ser muy bajos, y muchos de ellxs trabajan en condiciones de esclavitud. Estas condiciones incluyen la servidumbre por deudas o las excesivas horas de trabajo que suponen una amenaza para su salud. La práctica habitual de cultivar al sol en lugar de hacerlo en sistemas agroforestales conduce a la deforestación, que es un importante factor del daño medioambiental. El uso intensivo de pesticidas tóxicos y el cultivo en monocultivos suponen una importante amenaza para la biodiversidad.
La mitad de los productos de los supermercados europeos contienen aceite de palma (por ejemplo, chocolate para untar, galletas, jabones, etc.), por lo que es muy difícil para las personas evitar este producto.
La mayor parte del aceite de palma en la UE se utiliza para los agrocombustibles y muchos productos que compramos han sido transportados con vehículos impulsados por aceite de palma.
La producción de aceite de palma tiene efectos devastadores tanto para las personas como para el medio ambiente.
Las consecuencias ecológicas de la extensión de las plantaciones de monocultivo de aceite de palma incluyen la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la degradación del medio ambiente.
Además, las condiciones de producción se caracterizan por el acaparamiento de tierras y la violación de los derechos de los pueblos y personas, el uso desprotegido de pesticidas peligrosos, y el desprecio de los derechos de lxs trabajadorxs.
Etiquetas como “RSPO” -la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible- han demostrado ser deficientes en la forma en que se interpretan y aplican sus normas.
En 2019 se criaron en la Unión Europea unos 365 millones de gallinas ponedoras.
Los sistemas de alojamiento en jaulas son una práctica común entre los agricultores de la UE que aún se mantienen para gallinas ponedoras, conejos y cerdos. Sin embargo, este procedimiento de producción industrializada conlleva altos daños para los animales y el medio ambiente (el planeta)
Los sistemas de estabulación en jaulas se caracterizan por una elevada densidad de población y un alto grado de confinamiento de los animales, y suelen utilizarse en explotaciones a gran escala. Estas características, así como las prácticas de gestión asociadas, tienen repercusiones directas e indirectas no sólo en la salud y el bienestar de los animales, sino también en la huella medioambiental y las consecuencias económicas y sociales de las explotaciones.
El Barómetro del Cacao del año 2020 muestra que, aunque se están tomando medidas para mejorar las condiciones de trabajo en la producción de cacao, no son aún suficientes.
Diversos problemas sociales y ecológicos graves van de la mano del tipo de producción de este deseado producto. Uno de los más dramáticos es la explotación laboral infantil. Cerca de 1,5 millones de niños y niñas, se ven afectados por esta horrible práctica.
La mayoría de estos niños y niñas (alrededor del 94%) sufren la peor forma de explotación infantil, y algunxs de ellxs incluso son vendidos como esclavxs y obligadxs a trabajar sin remuneración. Además, problemas sociales como el empobrecimiento, la inequidad o discriminación de género, la falta de acceso a la educación y las violaciones de los derechos laborales en condiciones de trabajo similares a la esclavitud caracterizan la gran parte de la producción de cacao.
En cuanto al medio ambiente, el uso de pesticidas, la deforestación y la degradación del suelo son algunas de las consecuencias devastadoras de la producción de cacao.
Las normativas vinculantes son fundamentales para garantizar unas condiciones de trabajo de acuerdo a las normativas, así como para asegurar la protección del medio ambiente y del planeta: ¡se puede responsabilizar a las empresas por sus actos y prácticas, y exigirles que rindan cuentas de los daños que se producen a lo largo de sus cadenas de producción y suministro y los reparen!
Una normativa fuerte de la UE armonizará las leyes en todos los Estados miembros y creará unas condiciones equitativas, justas, respetuosas y equilibradas obligatorias para todos los actores, incluyendo la protección de los derechos humanos, los derechos de los animales y del medio ambiente.
De igual forma, los grupos especialmente vulnerables que se encuentran en una posición debilitada para defender sus propios derechos necesitan una protección especial, tanto para su defensa como para el cumplimiento de las normativas. Entre ellxs se encuentran en muchos casos personas desplazada o migrantes, pero también pequeñxs propietarixs de tierras y cultivos.
¡Conoce más sobre cómo puede contribuir una ley que regule de forma justa y balanceada la cadena de producción y suministro de alimentos en la UE!
Desde hace varios años, las empresas crean estrategias de responsabilidad social corporativa. Pero estas medidas son voluntarias y han demostrado su ineficacia, ya que a menudo no se aplican o no tienen el suficiente alcance y las violaciones de los derechos humanos y los daños medioambientales siguen extendiéndose por sus cadenas de suministro. Por eso es necesaria una ley europea vinculante.
Dado que el auto-compromiso voluntario de las empresas no funciona, es necesario que la ley haga respetar en todos los casos los derechos fundamentales y la protección del planeta, tanto en sus propias operaciones como en toda su cadena de producción y suministro. Actualmente, sólo una ley vinculante puede conseguirlo. Sin embargo, el ámbito de aplicación de una directiva obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente (mHREDD) debe incluir necesariamente a todos los subcontratistas de la cadena de suministro.
Un elemento clave de la legislación vinculante sobre diligencia debida en materia de derechos humanos es la introducción de la responsabilidad civil, lo que significa que las empresas multinacionales cuyas actividades causan violaciones de los derechos fundamentales y daños medioambientales están obligadas a pagar por los daños causados. Es importante señalar que la carga de la prueba recae en las empresas y no en las víctimas, que suelen ser grupos vulnerabilizados como trabajadorxs y pequeños agricultorxs.
Una ley vinculante sobre la cadena de producción y suministro podría ayudar a responsabilizar a las empresas para que garanticen el cumplimiento de la normativa vinculante, y por tanto salarios e ingresos de acuerdo a la ley, libertad de asociación y negociación colectiva, prácticas integrales de salud, seguridad y bienestar, estatus legal seguro y protección contra cualquier tipo de discriminación, incluida la de género.
En la actualidad, en muchos casos no se permite a lxs trabajadorxs formar sindicatos y organizarse para solicitar el cumplimiento de la normativa, o solicitar condiciones laborales justas y equilibradas. Si lo hacen, pueden ser discriminadxs y sufrir amenazas e incluso graves agresiones.
El acceso a la justicia para las personas que han sido objeto de abusos por parte de las empresas es extremadamente difícil y casi nunca da lugar a una solución que repare o compense efectivamente el daño causado por la actividad empresarial.
Y este es especialmente el caso de los grupos más vulnerabilizados, cuya posición legal y judicial suele haber sido también debilitada incluso por el sistema.
Una ley vinculante podría reforzar la posición de los grupos mas vulnerabilizados de trabajadorxs y un sistema de defensa legal sin lagunas ni carencias en absoluta responsabilidad social.
Muchos países productores de alimentos del “Sur Global” son objeto de apropiación abusiva de tierras por parte de empresas extranjeras. Grupos ya de por sí vulnerabilizados, como pequeñxs propietarixs y la población autóctona, se ven especialmente afectada, y en muchos casos estas persoans se convierten desplazadas forzosas como consecuencia de ello. Una sólida ley europea sobre la cadena de producción de suministro podría proteger estos derechos fundamentales sobre la tierra y responsabilizar a las empresas del acaparamiento ilegal o abusivo de tierras.
Para que las empresas rindan cuentas, se exige una sólida legislación de diligencia de obligado cumplimiento en materia de derechos humanos.
Debido a la magnitud de las violaciones de los derechos humanos y laborales, la destrucción del medio ambiente, así como el apropiación abusiva de tierras, y desplazamientos forzados de personas a lo largo de sus cadenas de producción y suministro, las empresas agroalimentarias deben ser clasificadas como empresas de alto riesgo.
Se deben incluir esfuerzos responsables para garantizar salarios e ingresos justos así como el cumplimiento de los derechos laborales, equitativos y balanceados, asegurar la libertad de expresión, de asociación y la negociación colectiva, prácticas integrales de salud, seguridad y bienestar de todas personas, un estatuto jurídico garantizado, así como la protección contra cualquier tipo de discriminación, especialmente para las personas y grupos más vulnerabilizados.
El proceso de elaboración de este reglamento europeo comenzó en abril de 2020. En marzo de 2021, el Parlamento Europeo aprobó un informe en el que apoyaba unas normas de diligencia debida ambiciosas y sólidas. Ahora corresponde a los comisarios Didier Reynders (Justicia) y Thierry Breton (Mercado Interior) redactar una propuesta de Directiva. La voz de la Vicepresidenta de la Comisión Europea para los Valores y la Transparencia, Věra Jourová, también tendrá un peso extraordinario en este sentido.
Escribe a los Comisarios Reynders y Breton, y a la Vicepresidenta Jourová. Diles que debemos proteger los derechos humanos y el medio ambiente AHORA con una legislación fuerte de diligencia debida. ¡NO MÁS RETRASOS!